Para el desarrollo del presente trabajo, se analizarán
artículos de diarios del Ecuador, todos ellos enmarcados en la falsificación de
documentos y uso de los mismos.
“Países reaccionan ante
la falsificación de documentos”, señala el encabezado de un artículo
escrito en diario El Tiempo, la noticia refiere acerca de un jugador de fútbol
colombiano, Rinson López, quien habría falsificado sus documentos de
identificación para hacerse pasar como ciudadano ecuatoriano.
López, conocido en la esfera futbolística del Ecuador, habría
pertenecido a varios clubes ecuatorianos, antes de que el club El Nacional, que
era “el único equipo ecuatoriano que no ha admitido extranjeros en toda su
historia”, lo contrató creyendo que era ecuatoriano, sin conocer su verdadera
nacionalidad, culminando así con una tradición de 53 años.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF, sancionó al jugador
tan solo con seis meses de suspensión, por presentar documentación alterada,
esto ya que el jugador pidió disculpas públicas por el hecho cometido y tal como lo menciona el diario El Telégrafo
en su artículo “López y Moreno,
sancionados; González y Araujo en investigaciones por falsificar documentos”, el
futbolista colaboró con la investigación.
El deportista comentó que “había personas que me querían
ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y
ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente”.
Otro caso de falsificación de documentos es el recabado en
el diario El Telégrafo en su artículo “Falsos certificados de salud eran
comercializados de $ 5 a $ 7”. En este se menciona la detención de seis
personas que presuntamente se dedicaban a la falsificación de certificados
médicos. Estos certificados, eran comercializados en una de las paradas de
autobús en los Distritos Florida y Portete de la ciudad de Guayaquil.
Irónicamente dicha parada se encontraba junto a la Unidad de Vigilancia
Comunitaria del sector. Los presuntos falsarios se acercaban a personas que
detectaban no eran de la zona y ofrecían los documentos, en el caso de
necesidad de faltar al trabajo o si los solicitaban para ingresar a laborar en
alguna institución.
Tras un mes de investigación se pudo establecer el hecho y
agentes realizaron allanamientos en tres domicilios, en los que se decomisaron certificados
médicos con logos del Ministerio de Salud Pública, así como equipos y material
para efectuar el delito: “tres máquinas de escribir, una máquina
plastificadora, un arma tipo cartuchera doble cañón de fabricación nacional,
ocho celulares de los cuales uno estaba reportado como robado, dos placas de
metal antibala”.
El costo de venta de estos certificados falsos era de entre
$5 y $7, otra ironía ya que la documentación original es gratuita claro está
siempre y cuando se haga la evaluación de la persona que requiera de dicho
certificado.
Los detenidos quedaron con prisión preventiva, se les acusó
de delito de asociación ilícita tipificado y se les sancionó con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
Un tercer caso es el mencionado en el artículo “Hasta 7 años de cárcel para quienes
inscribieron títulos falsos” del diario Metro, escrito a inicios del 2016 y
que refiere a la investigación llevada a cabo sobre la inscripción de títulos
falsos en la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(Senescyt), investigación llevada a cabo desde octubre de 2015.
De acuerdo a declaraciones del director de dicha Secretaría,
René Ramírez, se identificaron “ataques de hackers en octubre y descubrieron
que había inscripciones de títulos irregulares”, luego de lo cual se
contactaron con las universidades en las que se presentaban inconsistencias en
366 títulos.
Galo Chiriboga, fiscal de la Nación de ese entonces, acotó
que existen dos consecuencias penales en este caso, por una lado la
falsificación y uso de documentos falsos y por otra el ejercicio ilegal de la
profesión, las cuales tienen una pena de 5 a 7 años de prisión y seis a un año
de cárcel respectivamente.
Por último, en el diario El Tiempo se puede leer el artículo
“Cae presunta red delictiva que operaba en la ANT”, el mismo que establece
a grosso modo las intervenciones realizadas alrededor de varias provincias del
Ecuador.
Dentro del operativo se realizaron 48 allanamientos que
dejaron 51 detenidos, entre los que figuraban 25 funcionarios de la Agencia
Nacional de Tránsito, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la
Comisión de Tránsito del Ecuador, así como también 22 tramitadores y 4 policías
en servicio activo.
César Navas, Ministro del Interior, anunció que a través de
una investigación efectuada a agentes de la Dirección General de Inteligencia DGI,
que duró seis meses, “se logró identificar a organizaciones que ofrecían
servicios ilícitos como: aumento de frecuencias de transportes
interprovinciales, obtención de licencias profesionales, cambio de categorías
de licencias, recuperación de puntos en licencias de conducir, matriculación de
vehículos y otros trámites para la obtención de documentos habilitantes en
materia de tránsito.”. Esta investigación puso al descubierto que los
involucrados en este acto delictivo, obligaban a sus víctimas a pagar desde 125
hasta 30.000 dólares por cada trámite realizado.”
En la página web de la policía del Ecuador, a diciembre de
2017, se establece que “los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad
competente a fin de determinar su culpabilidad y las evidencias se encuentran
bajo cadena de custodia; sin embargo, se continúa con las investigaciones para
esclarecer los hechos”.
Una vez analizados los presentes artículos, se puede
concluir que existen diversos tipos de estafas a través de la falsificación de
documentos y/o su uso, que afectan en más o en menos, a una o varias personas.
En ocasiones esta falsificación o más bien el uso de estos documentos tal vez
no sea algo trascendental y también puede ser por falta de conocimiento de la
persona que está llevando a cabo el delito, pero en el caso de las personas que
realizan la falsificación y que además forman parte de una organización
delictiva, considero debe caerles todo el peso de la ley, ya que por un lado
lucran con su delito y por otro involucran a otras personas a cometer una infracción
que en ocasiones puede ser muy grave, como lo es algo que frecuentemente ocurre
en el país y es que funcionarios públicos otorguen documentos a personas
incompetentes, tal es el caso de individuos que obtienen licencia de conducir
para buses, cuando no cumplen con el necesario perfil ni profesional, ni
psicológico y acontecen continuamente hechos lamentables en las vías.
En el caso del futbolista, se cometió alteración de la
documentación de identificación; en el de los certificados de salud, alteración
y suposición; en el de los títulos falsos, alteración y/o simulación; y en el
de la red delictiva de falsificación de documentos de la Agencia Nacional de
Tránsito, alteración y suposición.
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